Nuestro socio internacional Mauricio Benitez 毛瑞修, abogado experto en China, conversó con El Mercurio sobre la pugna entre el consorcio chino que tiene la concesión de la Ruta 5 Talca-Chillán y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 📰
Y comentó que en este caso el gobierno chileno debe mantener el canal institucional para los conflictos en este rubro, pues si incluye ‘atajos’ diplomáticos, otros actores reclamarán lo mismo
Sostuvo que los inversores chinos son ‘pragmáticos’ y pese a que existan problemas con algunas empresas, seguirán interesados en negocios en Chile
La reciente modificación de la PGU abrió un debate que va más allá de los montos: también es un tema de comunicación y legitimidad.
Nuestro socio Mauricio Benítez analiza la falta de proactividad al informar el aumento general de las pensiones y los efectos que esto genera en la confianza pública.
Diferencias entre la visa Waiver y la visa H1B1 para chilenos en Estados Unidos, un análisis de nuestra abogada fiscal y líder del equipo legal y tributario Margarita González en el programa #Abogarock 🎙️
Conoce más sobre visas, movilidad laboral y migración entre Chile y Estados Unidos en esta entretenida conversación.
Nuestro país no ha logrado estabilizar su sistema tributario. Desde 2014 hemos visto reformas y contrarreformas que han debilitado el crecimiento y generado incertidumbre.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección que presentó la escritora y gestora cultural de 100 años Marina Latorre en contra del SII para quedar exenta del cobro de contribuciones ⚖️
Nuestro socio Rodrigo Benitez analiza el caso para El Mercurio y sostiene que la sentencia “al no ser apelada, es jurisprudencia muy sólidamente fundada. Por tanto, los contribuyentes pueden acogerse a ella, en casos similares”.
“Incluso pueden solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la ley por parte del Tribunal Constitucional. Si bien las sentencias no son obligatorias para los juicios futuros, sí son fuente del derecho”.
En el caso ha quedado claro que se está contraviniendo un Convenio Internacional de derechos humanos, ratificado por Chile, con valor supra legal. Por tanto, el legislador chileno tiene dos alternativas, modificar la ley o denunciar el convenio internacional.
